El Real Decreto 3/2010, en cumplimiento de lo que dispuso en su momento la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios públicos (LAECSP)
y de lo que recientemente ha recogido el texto de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), regula una de las piezas fundamentales que
vertebran lo que se ha dado en llamar la Administración Electrónica: la seguridad de los
sistemas de información del Sector Público.